Cuernavaca, Morelos, a 18 de abril de 2012

Estimados (as) compañeros (as):

Por razones de compromisos previos no puedo acompañarles en el importante foro de análisis para una propuesta legislativa: WIRIKUTA, EL DERECHO A LO SAGRADO, que se llevará a cabo en el Senado de la República del 18 al 19 de abril de este año.

No obstante, quiero trasmitirles mi apoyo incondicional a la lucha de los pueblos indígenas y no indígenas, y en el caso particular, del pueblo wixárika, en contra de todo tipo de exploración, concesión o  explotación minera en sus territorios, sean éstos los que constituyen la base material de reproducción de los pueblos y hábitat de su existencia como tales, o aquellos considerados sagrados acorde a sus tradiciones y patrimonios culturales y religiosos.

Esta lucha se fundamenta en los derechos establecidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en los Acuerdos de San Andrés de 1996 y en la Declaración  de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007, marco jurídico nacional e internacional que está por encima de leyes secundarias que benefician abiertamente a las corporaciones capitalistas, como las dedicadas a la minería.

Ya hace algunos años, hemos venido denunciado en cursos, foros, talleres y a través de espacios de la prensa escrita como La Jornada y, en la electrónica, como Rebelión, que la peor tragedia que pueda ocurrir para un pueblo indígena o no indígena, mayor incluso que un desastre natural o la presencia de la delincuencia organizada, es que una corporación minera adquiera una concesión para explotar una mina en su territorio.

En el ámbito mundial, los datos empíricos demuestran que las compañías mineras dejan una secuela de millones de toneladas de tierra y rocas removidas en extensas áreas de operación, con la consecuente destrucción del hábitat y deterioro del entorno social: contaminan ríos, presas y drenajes con sustancias venenosas o sumamente tóxicas; acaparan el agua; explotan a sus trabajadores y los exponen a condiciones de riesgo extremo; apoyan a regímenes antidemocráticos o gobiernos colaboracionistas con Estados Unidos –como el de México–, contratan incluso matones y grupos paramilitares para enfrentar a sus opositores, como está ocurriendo actualmente en San José del progreso, Oaxaca, y organizan poderosos grupos de presión (llamados con el eufemismo anglicista de lobbies) que actúan en los parlamentos sobornando, comprando conciencias, hasta de congresistas de la izquierda institucionalizada, para que apoyen sus negocios en el país, o proyectos que los benefician, como el del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en Brasil.

Todo ello, a cambio de los escasísimos ingresos que reciben los pobladores de los territorios explotados (1.3 a 2.9 por ciento, entre rentas y apoyos, cuando los reciben), que llegan a ser convencidos para otorgar los permisos con engaños, por la necesidad imperante y la corrupción de líderes o caciques que se prestan para servir de amanuenses nativos de las corporaciones, en su mayoría canadienses (77 por ciento del total en México).

Carlos A. Rodríguez Wallenius, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sustenta que las prácticas y marcos de actuación de las empresas mineras son fundamentales para entender el modelo de acumulación por desposesión, como un mecanismo de explotación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y el despojo de recursos comunitarios[1]  Este investigador sostiene que la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria en 1992, los cambios sustanciales a la Ley Minera en 1993, así como la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, permitieron abrir discrecionalmente el sector minero a las empresas extranjeras, otorgar preferencia a sus exploraciones, explotaciones y beneficios (¡que de manera inaudita se consideran de utilidad pública!) sobre cualquier otro uso del suelo, incrementar la duración de las concesiones a 50 años yprestar todo tipo de facilidades en tiempo y forma para adueñarse de grandes cantidades de hectáreas de territorio, literalmente robadas a las comunidades indígenas y campesinas del país, ¡en una superficie que constituye, además, el 26 por ciento del territorio nacional!

Yo me pregunto, teniendo lugar este foro en el Senado, ¿cómo es posible que este marco jurídico secundario que concesiona el territorio nacional a los extranjeros, enajena nuestra soberanía y violenta el espíritu y la letra del 27 constitucional, no haya sido derogado, o al menos, fuertemente cuestionado durante una década de presencia de legisladores de izquierda en el Congreso de la Unión? Rompiendo récords en cuanto aapertura a la inversión extranjera, México es tal vez el país en el mundo donde es más fácil obtener una concesión minera. Es más, si en 90 días el Instituto Nacional de Ecología no responde a la solicitud de concesión con su informe de impacto ambiental, se da por otorgada la licencia. En comparación, en Estados Unidos y Canadá, los trámites de concesión tardan entre cinco y ocho años.

Compañeros y compañeras:

El ámbito parlamentario es importante para la lucha contra las mineras. Por ello, celebro esta reunión en el Senado, especialmente si hay oídos receptivos que escuchen la palabra del México indígena.

Sin embargo, ustedes saben que lo más trascendente es lograr la unidad de todos los pueblos autónomos, y la unidad del pueblo mexicano en su conjunto, pues las mineras y los gobiernos obsecuentes que las representan son expertos en provocar divisiones comunitarias y agravar conflictos agrarios y de todo tipo para vencer voluntades y abrir los territorios a su acción destructiva.

La defensa más efectiva frente a la maldición minera es la organización, movilización y fortalecimiento de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas-campesinas y urbanas, el fortalecimiento de las autonomías en todos los espacios y sectores sociales.

Mientras tanto, ustedes representan, frente a los vende patrias que nos gobiernan, la dignidad y el decoro nacionales, la defensa de la soberanía basada en el 39 constitucional, las voces de los mexicanos y las mexicanas que deseamos rescatar y reconstruir a la nación mexicana pluriétnica y pluricultural, libre de la explotación capitalista e independiente del dominio de los imperialistas.

Dr. Gilberto López y Rivas

 

 

[1] “Empresas mineras, apropiación territorial y resistencia campesina en México”, octavo Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Brasil, 2010.